COYUNTURA

Marielle: El lenguaje de una nueva imaginación política.

Por: Fabián Villegas.

A un año del asesinato de Marielle el entramado de impunidad, las células de paramilitarismo y crimen organizado alrededor de la administración de Jair Bolsonaro se han desbordado. Los rituales del poder, y la retoricas de las 3 principales bancadas (militar, pentecostal, agronegocio) sobre las que se sostiene la institucionalidad política del neo fascismo brasileño han dejado claro que la coyuntura no solo se trata de una disputa del poder político, sino de una sistemática política de persecución, intimidación, criminalización, y eliminación fáctica de cualquier reivindicación de la vida democrática en el Brasil post golpe de estado.

De las recientes amenazas de muerte que obligaron al diputado del PSOL Jean Wyllys a dimitir en su puesto, a los asesinatos impunes en Paraíba de integrantes del MST, (Movimiento de los Sin Tierra), a la búsqueda por tipificar penalmente las actividades de los movimientos sociales como terrorismo, a la impunidad cínica sobre el caso de Marielle, hay una lógica sistémica, institucional, de estado, de absoluta y perversa complicidad.

Cualquiera que conoce la cartografía de Río, identifica las redes de crimen organizado, paramilitarismo, cobro de piso, tráfico y extorsión que mueven los hilos de la seguridad y la vida pública de Acari a Barra de Tijuca. Hilos que en palabras de muchas y muchos activistas, como era el caso de Marielle, son totalmente manejados por una élite de policías retirados, y ex militares del estado de Río de Janeiro.

Marielle desde el 2014 había intensificado un modelo de activismo, lucha frontal, y denuncia contra la militarización, el genocidio civil de la población negra, la violación ampliada de derechos humanos en las favelas, las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de la pobreza por parte de la Policía Federal de Río, y un esquema híbrido de paramilitarismo que articula distintas instituciones y actores de la seguridad pública y el sistema de justicia brasileño. En el que participan la policía federal, las fiscalías, congresistas, la elite militar, grupos empresariales, y sicarios de poca monta.  

Es este mismo esquema híbrido de terrorismo de estado y paramilitarismo sobre el que se sostiene la encubierta “oficina del crimen”, instancia ambigua de estado a la que se responsabiliza de coordinar, planificar, y ejecutar crímenes de estado, como el homicidio de Marielle Franco y Anderson Gomes.

Es una obviedad decir que el homicidio de Marielle fue un crimen de estado selectivo, planificado durante más de 3 meses, en el que poca relevancia tienen los autores materiales, frente al sospechosismo papel de la policía y las fiscalías, que no han hecho otra cosa que encarnizar una lucha burocrática para obstaculizar una investigación que puede terminar por involucrar a actores claves de la política brasileña .

Así como protegerse en las argucias del derecho positivo desestimando todo bajo la narrativa de “no ser pruebas suficientes”.

No ha sido suficiente que los detenidos hace dos días en Barra de Tijuca son ex policías del Estado de Río de Janeiro, ni que el subfusil HK-MP5 en Brasil está restringido a personal de seguridad militar, ni que los casquillos de las balas usadas en el homicidio de Marielle pertenezcan a un lote de municiones de la policía federal. Tampoco parece ser suficiente que uno de los hijos de Bolsonaro haya sido por mucho tiempo pareja de la hija de Ronnie Lessa, señalado como el responsable de disparar el fusil HK-MP5 sobre  Marielle Franco, y Anderson Gomes. Tampoco parece ser suficiente que el residencial en Barra de Tijuca donde fue aprehendido uno de los detenidos auspicia una vivienda de los Bolsonaro. Tampoco parece ser suficiente el que uno de los detenidos haya publicado una foto con Jair Bolsonaro en facebook poco antes de ser “elegido” como presidente. Tampoco el que particularmente la policía de Río haya perdido un lote de municiones, no haya hasta ahora encontrado ni el arma, ni el automóvil con el que se llevó a cabo el homicidio, e incluso el que se haya identificado por parte de la abogada de Marielle mecanismos del poder público para obstaculizar la investigación.


Lo cierto es que no estamos ni siquiera frente un escenario de negligencia, o indiferencia en términos de impartición de justicia, somos espectadores de una perversidad monstruosa, en la que las omisiones, los encubrimientos torpes del estado no son errores sino lenguajes implícitos de intimidación y culpabilidad cínica, que acreditan esa vieja aporía de la demanda de impartición de justicia en el fascismo social.


“Para que nos preguntan por sus desaparecidos, si saben que nosotros los desaparecimos, como también saben que no les podemos decir públicamente que nosotros los desaparecimos, así que les diremos públicamente que los seguiremos buscando, mostrándoles en la cara todas las evidencias que nos señalan como los culpables, no para que nos culpen o nos juzguen sino para que ustedes se sientan intimidados”.


El legado de Marielle es inmenso, es un faro de dignidad contra el racismo institucional, la militarización, el neo malthusionanismo y la criminalización de la pobreza, el sistema carcelario, el abuso policial, el derecho penal brasileño, la desigualdad de renta y la vivienda, la precarización, el hacinamiento, la homofobia, transfobia, la violencia de género, los vectores de opresión, desigualdad y violencia múltiple de las mujeres faveladas, la salud sexual, violencia obstétrica, el acoso, la falta de derecho al espacio público, la nulidad de políticas culturales, la colonialidad y las construcciones opresivas de ciudadanía.


Marielle nombró el genocidio civil y la criminalización a la que ha estado expuesta la población negra de las periferias y favelas. Brasil tiene una población carcelaria de más de 500.000 presos, la tercera más grande del mundo sólo detrás de Estados Unidos y China, de los cuales se estima que entre un 70 y 80% son jóvenes negro/as, empobrecido/as y periférico/as. Una de las principales causas de muerte de jóvenes negros entre 17 y 30 años es por asesinatos en manos de la policía. El riesgo que enfrenta un joven negro a morir asesinando se dispara 14 veces más que el de un joven blanco en el estado de Paraiba, 9 veces más en el estado de Alagoas, y 5 veces más en el estado de Ceará en el noreste del país. Cifras oficiales arrojan un promedio de 6 muertos al día, poco más de 2.300 al año asesinados a manos de policías, militares y civiles. De esos asesinatos solo entre el 5 y el 8% tienen un acompañamiento legal, el resto quedan totalmente impunes.

Bien decía Benedita Silva acerca de Marielle “Como mujer negra, el asesinato sistemático de jóvenes negros es también una lucha del feminismo negro, una lucha de la mujer negra”. Brasil fue el último país de América en abolir su esclavitud, no es accidental la vigencia tan agresiva de las estructuras de colonialismo interno en el seno de su sociedad. Las condiciones sociales de existencia de la población negra son porcentualmente las más desfavorecidas del cuerpo social, los mayores niveles de desempleo, los índices salariales más bajos, los índices de mortalidad más altos, tasas de analfabetismo considerablemente altas, los índices más bajos en acceso a educación superior, vivienda, salud, participación política etc.


La lucha de Marielle es la lucha genealógica de la sociedad brasileña, la lucha de desmitificación de la democracia racial, la lucha contrahegemónica contra ese derecho penal que se creó fundacionalmente como un modelo regulatorio, de criminalización de la población negra y la pobreza, como un mecanismo que a través de la justicia naturaliza el desarrollo desigual de todos sus ciudadanos.


Larga Vida Marielle.


Exijimos Justicia.


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